Barcelona Vida

Carlos Palos. Mientras los recortes en familia llegan al 70 por ciento, en Educación y Sanidad apenas sobrepasan el 10 por ciento. ¿Por qué no nos damos cuenta de que ya se acabó el gratis total?

Educación y Sanidad son las dos partidas que más fondos absorben del heraldo público, pero han sido, para muchos, grandes logros sociales. Son también la mayor fuente de despilfarro y el mayor lastre que sostiene nuestra economía. Y se sabe que su reforma es inevitable. Si se lleva a cabo con rigor y sin dilaciones todavía conseguiremos que sean reformas “progresistas”, es decir, racionales y capaces de discriminar a los ciudadanos según sus capacidades económicas.

En estos últimos años hemos tenido logros importantes en materia de escolarización, pero el estado ha asumido un compromiso que no le correspondía en Educación y que, a la postre, se ha revelado nefasto para la Economía. La iniciativa estatal ha casi ahogado la privada en este campo, sin tener en cuenta que la homogeneización coartaba la libertad y de paso la calidad, y sin considerar que el coste de asumir el Estado esa competencia en términos de casi monopolio ha supuesto multiplicar el presupuesto dedicado a la enseñanza. Ha prevalecido, en estas últimas décadas, el deseo de controlar ideológicamente la enseñanza.

En las universidades el desfase ha sido mayor si cabe que en la enseñanza media. Quienes hemos pasado por las aulas universitarias hemos podido ver la presencia de muchos estudiantes poco conscientes del coste que suponía para el Estado su plaza universitaria. Hemos comprobado también el despilfarro entre los docentes, debido a las guerras de departamentos y el despilfarro generado por el deseo de ciertos ayuntamientos y comunidades autónomas de implantar estudios universitarios en ciudades pequeñas.  Sería muy largo e innecesario seguir describiendo la situación, pues la ineficiencia del sistema universitario es vox populis. Un apunte a título de ejemplo: el Estado ha rechazado muchas peticiones de entidades privadas para impartir estudios de Medicina. Se ha preferido casi siempre conceder los permisos a entidades públicas sufragadas por el Estado. Recuérdese lo costosísimos que resultan los estudios de Medicina. Ahora empezamos a entender en toda su hondura cómo esas frivolidades, más o menos bienintencionadas, han dañado el futuro de nuestras familias.

Cataluña, tan diferente para algunos al resto de España, presenta casi idénticos problemas en Economía y Educación. Esperemos que el discurso identitario y la falta de fortaleza de los políticos no impidan esas reformas.